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La vergüenza

Captura_de_pantalla_2011-04-14_a_las_19.08.06¿Dónde están los padres, hermanos, esposos, hijos, parientes cercanos, de esos 646 cuerpos enviados a la fosa clandestina por las bandas criminales?

Nadie, ningún ciudadano en su sano juicio, puede permanecer indiferente a las recientes cifras de la industria de matar.

Nos referimos a los hallazgos de más de un centenar de fosas clandestinas, en cinco entidades del país, en las que en unos cuantos meses se han encontrado más de 600 cuerpos de personas masacradas por bandas criminales.

¿Cómo entender, sin sentir vergüenza, que ante la indiferencia social y la miopía oficial, grupos criminales hayan cavado más de cien fosas, en las que sepultaron a más de 600 personas, a las que antes mataron sin piedad? ¿Cómo se le llama, o cómo debe llamársele, al exterminio selectivo de personas, a manos criminales?

Un seguimiento básico de los asesinatos ocultados en fosas clandestinas en los estados de Tamaulipas, Durango, Guerrero, Chihuahua y Nuevo León reporta que, en los más recientes 12 meses, se cavaron 110 fosas clandestinas, en las que fueron sepultados 646 cuerpos de personas asesinadas por negarse a la extorsión —de la modalidad que sea— o por resistirse a ser parte de las bandas criminales.

En Tamaulipas se habían descubierto —hasta la tarde de ayer— los cuerpos de 183 personas sepultadas en 40 fosas clandestinas. A esa cifra se deben agregar los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos que hace casi un año fueron hallados antes de que los sepultaran. En Durango se han encontrado diez fosas clandestinas y se han rescatado 96 cuerpos. En Guerrero se han detectado diez fosas y fueron rescatados 123 cuerpos. En Chihuahua han sido descubiertas 34 fosas y rescataron 95 cuerpos. Y en Nuevo León el número de fosas es de 16, de las que se han rescatado 77 cuerpos.

¿Cómo entender el tamaño de la tragedia que viven cientos o miles de familias que han visto desaparecer —como de la nada— a un ser querido? ¿Dónde están los padres, hermanos, esposos, hijos, parientes cercanos, de esos 646 cuerpos enviados a la fosa clandestina por las bandas criminales?

¿Hasta dónde llega el tamaño de esa tragedia; cuántos cuerpos más están en fosas clandestinas y desde cuándo?

La tragedia es de tal magnitud y el horror de tal tamaño que ya es difícil encontrar palabras para calificar la creciente violencia, el nivel de crueldad empleado, el escaso valor que tiene la vida para los grupos criminales... Pero, sobre todo, es evidente que los ciudadanos empiezan a ver las expresiones de violencia extrema como lugares comunes.

Hace meses, la sociedad en general se estremeció por la masacre de jóvenes en Salvárcar, Ciudad Juárez, pero hoy ya nadie se asusta por lo recurrente de los ataques criminales a reuniones o festejos juveniles. Hace un año, todo el mundo se escandalizó a causa del hallazgo macabro de 72 cuerpos de centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Hoy, a pocos asusta que se han localizado 183 cuerpos de personas masacradas y enviadas a fosas clandestinas; que la policía ha liberado a poco más de un centenar de secuestrados que, por fortuna, se mantenían con vida, también en Tamaulipas.

Hace meses, era noticia de espanto que mes a mes se incrementaba el número de muertos en la guerra contra el crimen, pero hoy ese mismo recuento dejó de ser noticioso, porque buena parte de los ciudadanos han convertido en cotidiana la estadística del crimen.

Lo curioso del asunto es que, ante la aparente o real indiferencia ciudadana frente a las tragedias del crimen y la violencia, entre los propios ciudadanos se eleva la percepción de que la mayor responsabilidad de la violencia y el crimen está en el poder presidencial, en el gobierno de Felipe Calderón. Al tiempo que se aproxima el fin del sexenio del segundo gobierno azul, son más los ciudadanos que creen que el principal responsable de esas masacres y de esa violencia se llama Felipe Calderón.

Y, en efecto, el gobierno federal tiene gran parte de la responsabilidad en la proliferación de la violencia y el crimen; en su escasa capacidad para enfrentar con eficacia esos flagelos. Pero también es cierto que la misma responsabilidad recae en los gobiernos estatales y los municipales, en los gobernadores y los alcaldes. Pero resulta que pocos ciudadanos se atreven a culpar a los gobernadores, sean del PRI, el PAN o el PRD, y no se diga a los alcaldes.

Pero aún más vergonzoso es el hecho de que pocos ciudadanos aceptan una corresponsabilidad —aunque sea menor— en el crimen y la violencia; sea por corrupción, compra desenfrenada de piratería y, no se diga, la responsabilidad en el consumo creciente de drogas, en todos los estratos sociales. Es la vergüenza. ¿O no?

Fuente: Excelsior

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