Hasta este momento, ya son seis los servidores públicos del gobierno de Mario Marín que comparecen –o deberían de comparecer –, ante la justicia.
Los nombres y cargos de los presuntos pillos son:
José Alfredo Arango García, ex secretario de Salud.
Javier García Ramírez, ex titular de la secretaría de Desarrollo Humano.
Rodrigo Lazcano, subdirector de Prestaciones Económicas del Issstep.
Juan Manuel Alcántara Silva, ex jefe de logística de la secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Efraín Ruiz Meneses, también de la SCT. Y...
Víctor Manuel Hernández Quintana, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior.
Bien por el gobierno de Rafael Moreno Valle que se ha dado a la tarea de perseguir a estos presuntos pillos que se llenaron los bolsillo de dinero público.
Bien por una administración que parece ir por el camino de la rectitud, la transparencia y la rendición de cuentas.
Y bien también por las autoridades poblanas que han llamado a declarar a peces gordos y flacos, en su afán por aclarar los presuntos malos manejos y desvíos millonarios ocurridos durante la administración del ex gobernador Mario Marín.
Sin embargo, habría que estar atentos ante las reacciones y el desarrollo de este proceso, y es que no sería raro que de un momento a otro, se convierta en una cacería de brujas.
Por ejemplo, el caso de Chiapas es un buen referente.
Hoy todos saben que durante su gobierno, Pablo Salazar Mendiguchía hizo y deshizo a su antojo en el estado.
Hoy también todos saben que el fiscal de Pablo Salazar –Herran Salvatti –, era un verdadero pillo que incluso habría estado coludido con organizaciones criminales.
Pero también, todos saben que la persecución de funcionarios de los tiempos de Salazar Mendiguchía, pasó de un intento por hacer valer la ley y el estado de derecho, a una venganza política.
Por eso, es importante aplaudir el esfuerzo de la administración del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, pero ¿estamos seguros de que no se trata de una cacería de brujas?
Acusan de enriquecimiento ilícito a Javier García Ramírez, ex secretario de Obras; está prófugo.
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