El gobierno de Tamaulipas confirmó, anoche, que como resultado de una campal entre bandas criminales –apoderadas del penal de Altamira –, perdieron la vida 31 reos y una veintena más resultaron heridos.
Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Procuraduría local, la tarde de este miércoles se enfrentaron distintos grupos de presos del panal de Altamira –que se disputaban el control del centro penitenciario –, con el saldo ya señalado.
No es ninguna novedad que los penales de Tamaulipas –y los de casi todo el país –, en la realidad sean centros de operación de las bandas criminales hegemónicas.
Incluso, existen versiones de que en algunos penales, como los del Distrito Federal, son en realidad las grandes bodegas de drogas y armas de las bandas criminales que mantienen el control de los mismos.
Tampoco es un secreto, para nadie, que buena parte de los penales estatales –e incluso no pocos federales –, están fuera del control de los respectivos gobiernos locales, los que solo atinan a esconder la cabeza ante las incontenibles fugas de reos de alta peligrosidad.
Sin embargo, ninguno de los tres órdenes de gobiernos –municipal, estatal y federal –, pueden permanecer ajenos a tragedias como la que se vivió en el penal de Altamira, en donde perdieron la vida 31 personas.
Resulta intolerable, por donde se quiera ver, que la indolencia de gobiernos como los de Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Sinaloa y muchos otros, siga produciendo ese tipo de tragedias.
Y es que, a pesar de que ya resultan insuficientes los penales estatales y federales, ninguna autoridad ha sido capaz de proponer una solución a fondo al sistema penitenciario que, a pesar de las versiones oficiales, parece colapsado.
Por eso la pregunta.
¿Quién será el valiente de poner orden en los penales?.
Por lo pronto, siguen incontenibles las matanzas, también en los penales.
El gobierno del estado de Tamaulipas confirma la cifra de fallecidos tras una riña en el centro penitenciario.
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