Agosto arrancó con el pie izquierdo para la justicia mexicana. Un juez federal ordenó levantar el arraigo a los tres generales aislados hace meses y, contra lo que muchos pensaban, dictó auto de formal prisión en su contra.
El ex sub secretario de la Defensa, Tomás Ángeles Dauahare y los generales Roberto Dawe y Ricardo Escorcia fueron acusados de proteger y comerciar con el cártel de los Beltrán Leyva en Morelos. Por tanto, los tres militares serán llevados a la prisión de máxima seguridad del Altiplano.
Sin embargo, a pesar de la decisión del Juez, lo cierto es que algo no termina de cuajar en este asunto. No queda claro cuáles son los fundamentos para acusar y encarcelar a tres altos mandos del Ejército Mexicano.
Se sabe que las detenciones obedecen a la acusación de testigos protegidos. No obstante, viene a cuenta preguntar si la PGR tiene las evidencias que certifican los cargos y la innecesaria exposición del Ejército, una de las instituciones cuya imagen demanda mayor protección y cuidado.
Por donde se quiera ver, sería una vergüenza que la justicia mexicana se deje encantar por sirenas protegidas, cuyos dichos podrían ser meras invenciones.
Si es el caso y un Juez se aventó el sambenito de procesar a tres ases de la baraja militar, estaríamos ante un error grave. Pero si –contrario a lo que muchos piensan– existe una acusación sólida en contra de estos generales, el castigo y el mensaje deben ser ejemplares.
En este momento, la PGR tiene la formidable tarea de dar certeza a sus actuaciones algo que, antes de hoy, no ha conseguido.
Por lo pronto sólo resta esperar que la acción de la justicia sea más precisa que expedita; y es que hay mucho más que perder de lo que se podría ganar.
Por Ricardo Alemán.
Generales, del arraigo al penal
Los divisionarios están acusados de vínculos con el cártel de los Beltrán; PGR también ejerció acción penal contra un coronel, "La Barbie" y "El Indio".
Fuente: Milenio.
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