Las elecciones presidenciales tendrán muy poco sentido si no hay garantías de que el próximo gobierno contará con las herramientas necesarias para que vivamos en paz.
Muy poco sentido van a tener esos comicios, más allá de engordar las cuentas bancarias de partidos políticos y prestadores de servicios electorales.
¿Para qué votar, si vamos a quedar parados en el mismo terreno de la incertidumbre y el miedo?
Exigirle eficacia en lo elemental a la democracia no es sedición ni golpismo.
Lo elemental es que los ciudadanos puedan andar por su país sin que los maten, los secuestren o extorsionen bajo riesgo de muerte o tortura.
Estamos viviendo una verdadera locura.
Y el que no lo quiera creer que vea las noticias o hable con amigos y vecinos.
A un empresario lo matan porque lo quieren plagiar.
A jóvenes los asesinan porque están en una fiesta equivocada.
A los pasajeros de un autobús los matan porque están extorsionando a los dueños de la línea de transporte.
A migrantes los matan para arrancarles unos pesos.
A otros los matan porque no se quisieron enrolar a una pandilla criminal.
¿Hasta cuándo?
¿Hasta el 2018, como dice la secretaría de Seguridad Pública?
Si existieran garantías de que, efectivamente, en 2018 va a estar controlado el fenómeno criminal, habría una esperanza, pero no es así.
Se trata de una apuesta. De un albur.
Quien llegue a Los Pinos, sea del partido que sea (incluso si es del PAN), va a cambiar la estrategia porque dirá que la actual está mal.
Y seguramente está mal, o medio mal y hay que enriquecerla.
Vamos a enriquecerla, modificarla o reencauzarla ahora.
Que el tema de la seguridad no sea un instrumento de demagogia electoral.
Nos vamos a echar casi un año de precampaña y campaña en las elecciones presidenciales.
Serán varios millones de spots en radio y televisión. Toneladas de discursos, declaraciones, opiniones y debates impresos en papel periódico.
¿Para qué?
¿Qué sentido tienen las elecciones si no vamos a poder vivir en paz?
Veremos el desfile de ofertas y promesas irrealizables, más el gasto cercano a los dos mil millones de dólares en decir lo que en verdad no se puede cumplir.
Dentro de unos años habrá un cúmulo de justificaciones para explicar por qué no se pudo frenar la criminalidad.
Nunca faltará a quién echarle la culpa.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos de a pie? Mucho.
Si las demandas de las marchas cambiaran el genérico "ya basta" por la exigencia de una política de Estado contra la violencia criminal, ganaríamos tiempo.
Un acuerdo transexenal, acordado por todos los partidos y organizaciones ciudadanas.
Y sí se puede.
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